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La autora expone cómo las redes de corrupción, profundamente enraizadas en gobiernos locales y sectores privados, han facilitado delitos como piratería, lavado y control territorial. Critica que, aunque existen operativos recientes como la “operación enjambre”, las acciones siguen siendo pequeñas frente a estructuras que llevan años operando con permisividad social e institucional. Señala que desarticular estas redes requiere investigar no solo a los operadores directos, sino a quienes los colocaron y financiaron, incluyendo empresas fachada y autoridades coludidas. Advierte que muchos municipios están capturados por intereses criminales mientras las auditorías son ineficientes o cómplices. Concluye que solo acciones consistentes, trazables y con funcionarios íntegros podrán enviar un mensaje real de que la corrupción ya no será tolerada.