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La autora reflexiona sobre cómo los códigos políticos no escritos en México permiten que la corrupción se repita sin consecuencias, premiando a funcionarios señalados con nuevos cargos. Señala que, pese a evidencias públicas de desvíos, vínculos criminales y abusos, los partidos protegen a estos personajes y los reciclan en puestos de poder. Advierte que la impunidad genera un ecosistema donde los corruptos se fortalecen, imponen candidatos y blindan sus redes. Critica la fragilidad del Estado para prevenir delitos y la persecución contra quienes denuncian, investigan o se oponen. Concluye llamando a un deber de verdad y justicia como vía para una transformación ética real.